La directiva europea que busca combatir la deforestación en terceros países se plantea aplazar hasta 2026 el inicio de la vigencia, esto, con la intención de solucionar problemas técnicos.
Jessika Roswall, comisaria europea de Medio Ambiente, fue portavoz del anuncio del retraso en la aplicación de la directiva de la UE destinada a frenar la deforestación (EUDR) en países terceros. La normativa que pretende impedir la llegada a Europa de productos vinculados a la deforestación en otros países parece encontrar un obstáculo en las dificultades técnicas que supone su implementación.
Un estimado de un 10 % de la pérdida de bosques registrada entre 1990 y 2000 es atribuida al consumo en Europa, de ahí la necesidad de esta normativa para contrarrestar la deforestación estableciendo controles para rastrear el origen de productos como soja, cacao y café, asegurando que su producción no dañe el medioambiente.
Motivos del retraso
La intención inicial contemplaba la entrada en vigor de la ley el 30 de diciembre, sin embargo, la Comisión está especialmente preocupada por la complejidad y el exceso de información que deben gestionar las empresas y los exportadores al registrar los datos de sus productos, frente a las capacidades informáticas disponibles.
Este sistema es el que permite emitir los certificados que acreditan si los productos cumplen o no con las normas de la Unión Europea. La comisaria estima que un plazo adicional de doce meses proporcionaría tiempo suficiente para que su equipo evaluara los posibles riesgos de la normativa.
Más allá de los aspectos técnicos, Roswall también ha sugerido ante la Eurocámara la posibilidad de simplificar la ley, aunque fuentes de la Comisión evitan hacer conjeturas sobre el posible desenlace del debate político. Lo que es un hecho, es que Bruselas debe aprobar un conjunto de medidas para simplificar la legislación ambiental.
La legislación, que había generado tensiones comerciales con países como Estados Unidos, Brasil e Indonesia por encarecer sus exportaciones a la UE, ha sido objeto de recientes acuerdos por parte de la Comisión. Sin embargo, Roswall aclara que el aplazamiento responde a una revisión interna y no está relacionado con la política comercial. Este aplazamiento es el segundo consecutivo, ya que la entrada en vigor de la ley había tenido antes un retraso.
La decisión ha generado críticas en el Parlamento Europeo, donde algunos eurodiputados acusan a la Comisión de falta de previsión y de ceder ante presiones políticas internas e internacionales.
Actualmente, la propuesta de aplazamiento está siendo debatida por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y se espera que se tome una decisión final antes de que finalice el año.
FUENTE: El Periódico.
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