Son varias las acciones emprendidas para llevar a las empresas de combustibles fósiles a asumir sus responsabilidades climáticas. A 75 mil millones de dólares asciende la multa que Nueva York impuso a este sector del mercado.
El estado de Nueva York hizo historia con la aprobación de una ley climática que exige a sus petroleras pagar una multa de 75 mil millones de dólares durante los siguientes 25 años. Se busca trasladar la carga financiera del cambio climático de los contribuyentes a las empresas responsables, en virtud de la justicia climática. Los fondos se destinarán a la reparación y adaptación de infraestructura afectada por desastres naturales.
La medida que exige la rendición de cuentas a las empresas más contaminantes, es al mismo tiempo para el Estado de Nueva York, un mensaje contundente al mundo: las grandes petroleras deberán asumir su responsabilidad en el deterioro del planeta. Acciones legislativas como esta podrían allanar el camino para que otros gobiernos del mundo adopten medidas similares, marcando un hito en la búsqueda de justicia climática.
«Nueva York ha disparado un tiro que se oirá en todo el mundo: las empresas más responsables de la crisis climática rendirán cuentas”.
dijo la senadora de Nueva York Liz Krueger, demócrata y copatrocinadora del proyecto de ley.
Multa multimillonaria
La nueva legislación incluye un sistema de multas por el que las empresas de combustibles fósiles que emitan más de mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero deberán pagar 75 millones de dólares en un periodo de 25 años, destinado a un Superfondo Climático que financiará proyectos esenciales como la restauración de humedales, mejoras en carreteras y drenaje, y otras medidas de protección para comunidades vulnerables.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que esta ley no solo responde a una necesidad ambiental, sino también económica, pues ya «[es] hora de que las empresas más responsables de la crisis climática paguen su parte justa para proteger el futuro de Nueva York”. Además, esta ley sienta las bases para una colaboración más justa entre los sectores público y privado.
Al responsabilizar a las petroleras, Nueva York busca garantizar que los recursos para mitigar y adaptarse al cambio climático provengan de aquellos que han contribuido directamente al problema:
«Reparar los daños y adaptarse a las condiciones meteorológicas extremas causadas por el cambio climático le costará a Nueva York más de 500 millones de dólares en 2050. Las grandes compañías petroleras, que han obtenido más de un billón de dólares en beneficios desde 1, deben asumir su parte justa«.
afirma Liz Krueger, senadora de Nueva York.
La postura de las petroleras
El Instituto Americano del Petróleo (API), en representación de la industria petrolera, rechaza la legislación, calificándola como una «tarifa punitiva a la energía estadounidense» y asegura estar evaluando opciones legales para desafiarla. La respuesta es prueba de la resistencia de estas empresas a asumir las consecuencias de sus operaciones y su negativa a aceptar las nuevas normativas.
Afirma Krueger que las petroleras se rehúsan a tomar responsabilidad por el daño ocasionado, mientras se aferran a continuar con su billonaria producción. La deficiente RSE del sector es obvia, ya que no solo ignoran los costos sociales y ambientales de su actividad, sino que tachan este tipo de medidas como castigos en detrimento de la nación.
Las objeciones legales podrían posponer la aplicación de la sanción a las empresas de combustibles fósiles, pero no restan relevancia a la iniciativa.
Este tipo de normativa es esencial para combatir un modelo de negocio insostenible que sigue causando daños al medio ambiente y que no se ajusta a las necesidades de un mundo que clama por cambios urgentes.
Justicia climática
La medida adoptada por Nueva York establece un referente económico al tiempo que marca un progreso ético en el camino hacia la justicia climática. Los fondos derivados de la multa permitirán al Estado cubrir parte de los inmensos costos asociados con eventos naturales extremos que, se presumen, ascenderán a más de 500 millones de dólares en daños para 2050.
Conforme se agravan las condiciones meteorológicas, la urgencia de fondos es mayor. La ley también es una declaración de principios puesto que quienes más han contribuido al problema deberán ahora ser parte de la solución. No basta para abordar completamente el cambio climático, pero es un paso importante hacia un futuro en el que las empresas sean activamente responsables por el impacto de sus actividades.
Importancia de las políticas públicas
La implementación de la multa refleja un enfoque correctivo que, si bien imprescindible, resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis ambiental. Estas sanciones y medidas reparadoras pueden mitigar las cargas económicas inmediatas, pero no logran revertir por completo los daños irreparables al ecosistema ni a las comunidades perjudicadas.
La crisis climática genera impactos duraderos que van más allá de lo económico y afectan profundamente las vidas de millones de personas. Para abordar la crisis de forma integral, es necesario que las políticas públicas evolucionen hacia un modelo preventivo, no solo punitivo. Esto implica la adopción de regulaciones más estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable.
También es fundamental impulsar la innovación tecnológica en el sector industrial, promoviendo prácticas sostenibles que reduzcan significativamente el impacto ambiental. Solo a través de medidas preventivas, como el establecimiento de estándares globales para la sostenibilidad empresarial y el aumento de la inversión en investigación ambiental, será posible evitar que las próximas generaciones enfrenten una crisis ambiental aún más severa.
FUENTE: Expok.