La actualización de registro único de contribuyente (RUC) no es algo nuevo, la primera resolución vinculada a la obligación de actualizar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en Panamá fue emitida por la Dirección General de Ingresos (DGI) en julio del año 2022.
Desde entonces, la DGI ha continuado implementando campañas similares, como la más reciente establecida por la Resolución No. 201-4488 de 4 de junio de 2025, que también exige la actualización del RUC hasta el 31 de agosto del 2025.
La diferencia clave entre esta resolución y la anterior (resolución No. 201-5297) es la introducción de multas de B/.100.00 para personas naturales y B/.500.00 para personas jurídicas.
Estas sanciones aplican a quienes:
- No actualicen de los datos del RUC.
- Suministren información parcial.
- Proporcionen datos incorrectos o falsos
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¿Por qué es importante la actualización?
Porque la información contenida en el RUC varía con el tiempo y debe reflejar con precisión la realidad tributaria actual del contribuyente. Por ello, debes asegurar que la siguiente información se mantenga actualizada:
- Información general del contribuyente
- Número del aviso de operación
- Fecha de inicio de operaciones
- Ingresos estimados
- Ubicación física
- Actividad económica
- Obligaciones fiscales
- Terceros vinculados
Respecto al tema de terceros vinculados, es importante mencionar que toda persona natural o jurídica que está registrada como contribuyente y que presenta declaración de renta anual debe tener un contador público autorizado (CPA) vinculado a su RUC debido a que este es el profesional idóneo quien refrenda la declaración de renta y otros tributos, y actúa como representarte ante la DGI en asuntos fiscales.
Por último, en el caso de personas jurídicas, es obligatorio vincular al agente residente, que será el abogado o firma de abogados responsable de recibir notificaciones oficiales y actuar como punto de contacto ante las autoridades administrativas o judiciales.
En resumen
La actualización del RUC no es un simple trámite: es una obligación legal que garantiza que la información tributaria esté alineada con la realidad del contribuyente. Además, evita sanciones y facilita una relación más transparente y eficiente con la DGI.
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